El debate en comisiones continuará hoy tras lo cual el oficialismo confía emitir dictamen favorable con la intención de que el proyecto sea tratado en el recinto el 8 de octubre.

La propuesta fue debatida en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, con la presencia del ministro de Planificación Julio De Vido, el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini; y la secretaria de Energía, Mariana Matranga, quienes explicaron sus principales lineamientos.

En la apertura del debate, De Vido aseguró que la nueva ley de Hidrocarburos incorpora “nuevos beneficios e ingresos directos para las provincias”, al precisar que “se incrementan los valores vigentes de los canon de exploración” y que serán “un 188 por ciento más para el primer período de plazo básico”, y puntualizó que “a las actuales regalías del 12 por ciento se agregará un 3 por ciento por cada prórroga que pida el concesionario”.

Desde la oposición, Morales planteó la necesidad de discutir “la coparticipación federal” al argumentar que “la renta por hidrocarburos deja a afuera a varias provincias argentinas”.Los momentos de mayor tensión fueron los cruces protagonizados entre Zannini y Sanz, quienes discreparon por la posibilidad de que la justicia termine saldando cuestiones de la futura legislación, y luego entre la senadora radical Laura Montero y el gobernadores de Mendoza, Francisco “Paco” Pérez.

En el otro cruce ríspido, Montero sostuvo que el proyecto consiguió el apoyo de los gobernadores a cambio de la renegociación de las deudas provinciales con el Estado Nacional, y advirtió a que la nueva ley deja abierta la puerta para “el negocio inmobiliario” que se “viene detrás de las concesiones petroleras” y dijo que así ocurrió en Mendoza.Pérez replicó que los contratos de concesión petroleros en Mendoza se firmaron “entre 2005 y 2007”, cuando Montero era ministra del gobierno cobista, y se sumó el gobernador neuquino Jorge Sapag quien afirmó que el acuerdo no se debió “a un toma y daca” sino que fue producto de “cinco meses de discusiones”.